Al hombre que escribía aquella línea en su cuaderno acababan de quitarle la escolta y los ayudantes con el pretexto de incorporarlos al Ejército, y lo que anotó fue que las órdenes del general Manuel de Jesús Calvar parecían dejarlo detenido. Corría el final de 1873 en los montes de Oriente, el extremo este de la isla, y seis semanas antes aquel hombre presidía la República de Cuba en Armas, el gobierno que los independentistas habían levantado contra la península cinco años atrás. Se llamaba Carlos Manuel de Céspedes, había dado el grito que abrió la guerra y le quedaban dos meses de vida, ninguno de ellos sería protegido.
Lo habían destituido el 27 de octubre, en un campamento llamado Bijagual de Jiguaní, nueve diputados reunidos en la manigua. La acusación central, según recogió el oficial español Antonio del Rosal en su crónica de la campaña, se resumía en dos palabras: dictador y tirano. Lo notable del caso no está en que lo echaran, sino en cómo pudieron hacerlo sin romper una sola regla. La herramienta que usaron la había firmado él mismo.
La regla que él mismo firmó
El 10 de abril de 1869, en el pueblo camagüeyano de Guáimaro, los delegados de las dos regiones alzadas —el oriente de Céspedes y el centro camagüeyano— aprobaron la primera Constitución de la república insurrecta. El texto apenas pasa de veintinueve artículos y se lee en diez minutos. El noveno dice: «La Cámara de Representantes puede deponer libremente a los funcionarios cuyo nombramiento le corresponde.» Libremente significa exactamente eso: sin causa que probar, sin juicio, sin procedimiento, sin plazo.
El artículo séptimo había puesto al presidente y al General en Jefe entre los cargos que la Cámara nombraba, y había dejado al General en Jefe subordinado al Ejecutivo y obligado a rendirle cuentas de sus operaciones. De modo que el poder militar colgaba del presidente, y el presidente colgaba de un cuerpo que podía removerlo cuando quisiera y por lo que quisiera. La firma que encabeza la lista de aprobantes, por delante de Salvador Cisneros Betancourt, de Ignacio Agramonte y de los demás diputados, es la de Carlos Manuel de Céspedes, que presidía la asamblea.
Seis meses antes se había proclamado capitán general del ejército libertador y encargado del gobierno provisional, un cargo que se había dado a sí mismo y que nadie podía quitarle. En Guáimaro lo entregó y aceptó a cambio una presidencia revocable a voluntad ajena. José Martí celebraría después aquel gesto con cuatro palabras sobre el gran servicio de deponerse. Lo que Martí no alcanzó a decir, porque escribía desde la admiración, fue que el servicio tenía letra pequeña y que la letra pequeña se cobró cuatro años más tarde.
Los cargos
La lista de reproches que llevó la Cámara a Bijagual la ha reconstruido el historiador cubano Rolando Rodríguez a partir de la documentación de la época, y leerla entera explica el clima de aquellas semanas: repartir grados y cargos entre familiares, extralimitarse en sus funciones, cohibir el derecho al sufragio, abandonar a las fuerzas de Las Villas, violar el derecho de petición, inmiscuirse en asuntos judiciales. Los diputados hablaron de un presidente que se perfilaba como dictador ávido de todos los mandos. Rodríguez señala que no se presentó prueba de ninguno de esos cargos, solo palabras y más palabras, y el artículo noveno hacía innecesaria cualquier prueba: la Cámara no tenía que demostrar nada para destituir, porque la Constitución la autorizaba a hacerlo libremente.
Algunos de los reproches, sin embargo, describían conductas reales. Céspedes había destituido generales, había procesado a otros, había colocado a parientes en posiciones de mando y había intervenido donde la Constitución no lo llamaba. La Cámara exageraba la conclusión, no los hechos.
Cinco meses y medio antes de la sesión había muerto en Jimaguayú, en Camagüey, Ignacio Agramonte, el jefe militar que redactó buena parte de aquella Constitución y que durante años había sido a la vez el crítico más serio de Céspedes y el único con autoridad suficiente para contener a la Cámara. Varios historiadores sostienen que su desaparición dejó el camino despejado a los diputados. La conexión resulta verosímil y la cronología la acompaña, pero no existe documento que la establezca, de modo que queda aquí como lo que es: una lectura, no un hecho.
Lo que el esquema fácil no explica
La versión cómoda de este episodio enfrenta a militares contra civiles, al caudillo contra los abogados. La escena de Bijagual la desmiente. Mientras los nueve diputados sesionaban, unos mil quinientos hombres a las órdenes de los generales Calixto García y Modesto Díaz permanecían acampados a corta distancia, y los jefes militares respaldaron la decisión en lugar de impedirla. Quien destituyó a Céspedes no fue el civilismo contra las armas: fue una coalición de ambos que llevaba años formándose.
Tampoco funciona el esquema que opone a un Céspedes abolicionista contra una Cámara de hacendados. En el asunto de la esclavitud el reparto fue el contrario del esperado. El Reglamento de Libertos que obligaba a los antiguos esclavos a inscribirse en una oficina y quedar asignados a «patronos» —una regulación que en la práctica reponía la servidumbre con otro nombre— lo aprobó la Cámara de Representantes el 5 de julio de 1869, tres meses después de proclamar en el artículo veinticuatro de la propia Constitución que todos los habitantes de la República eran enteramente libres. Y fue Céspedes quien liquidó aquel patronato por circular el 25 de diciembre de 1870.
El corte, sin embargo, va en las dos direcciones. El decreto que Céspedes firmó en Bayamo el 27 de diciembre de 1868, recogido por el funcionario español Justo Zaragoza en su recopilación Las insurrecciones en Cuba, publicada en Madrid en 1873, mantuvo la esclavitud casi intacta durante los primeros años de la guerra. Su artículo séptimo garantizaba a los propietarios que cedían esclavos a la revolución la conservación de esa propiedad mientras no se resolviera el asunto en general. El noveno ordenaba que el esclavo fugitivo que se presentara sin el consentimiento de su dueño no fuera admitido sin consultar antes con ese dueño. El hombre al que la Cámara iba a destituir por tirano había gobernado durante dos años una república que aún consultaba con los amos.
Nueve hombres en la manigua
La sesión se abrió el 27 de octubre de 1873 en Bijagual de Jiguaní, a unas tres leguas del campamento donde Céspedes se encontraba. Las cifras exactas varían según la fuente, y vale la pena decirlo. El relato que comparten los trabajos cubanos más detallados sobre el episodio —entre ellos el de Rolando Rodríguez y las reconstrucciones publicadas en 2019 y 2023 con motivo de los aniversarios— cuenta dieciséis diputados en el padrón, trece de ellos presentes en Oriente, nueve asistentes a la sesión, que era el quórum mínimo exacto para deponer al presidente, y ocho votos a favor. El octavo faltante fue Salvador Cisneros Betancourt, presidente de la Cámara, que se abstuvo alegando pudor: el mismo acuerdo que destituía a Céspedes lo nombraba sucesor suyo. La versión que circula en la enciclopedia Wikipedia en español, con quince miembros, siete presentes y cinco votos en contra, no coincide con ninguna de las anteriores y no aporta fuente. Quién presidió la sesión tampoco está fijado: unas versiones ponen allí a Tomás Estrada Palma y otras atribuyen la apertura al diputado Pérez Trujillo.
Céspedes supo lo que se preparaba antes de que ocurriera. Ese mismo 27 de octubre escribió en su diario que le pedían la renuncia y que no pensaba firmarla, porque firmarla le echaría encima la responsabilidad de haber abandonado el puesto. Anotó también que la Cámara buscaba dotarse de una escolta que obedeciera solo a sus órdenes, y cerró el día con dos palabras: estaba tranquilo. Al día siguiente, en su campamento de La Somanta, recibió las dos comunicaciones: la que lo destituía y la que designaba a Cisneros. Respondió dando las gracias por haberlo librado del peso del gobierno, sin aceptar que hubiera abandonado nada.
Quien quiera defender a la Cámara tiene con qué hacerlo, y el argumento es serio. Actuó dentro de la ley, usó una facultad que la Constitución le daba de modo expreso, y la usó contra un presidente que efectivamente había concentrado poder y había tratado a varios generales con más autoridad de la que el cargo le concedía. Céspedes, además, aceptó la decisión sin resistirla, desautorizó a los partidarios que proponían oponerse por la fuerza y evitó así una guerra civil dentro de la guerra. Esa aceptación admite dos lecturas: la de un hombre que reconocía la legitimidad de lo que le hacían, y la de un hombre que sabía que resistir habría significado el fin de la revolución. Las fuentes no permiten elegir entre las dos.
Lo que hicieron con él después
Lo que siguió ya no cabe dentro de la legalidad, y es la parte del episodio que el artículo noveno no cubre. A los pocos días le retiraron la escolta y los ayudantes. En diciembre volvieron a negárselos. Pidió el pasaporte para salir del país y reunirse con su familia, y se lo negaron una vez tras otra; la última negativa lleva fecha de 23 de febrero de 1874. Lo obligaron a seguir al gobierno en sus traslados con el pretexto de entregar archivos, durante unos tres meses, hasta que el 23 de enero de 1874 lo enviaron a San Lorenzo, en la Sierra Maestra, dentro de la prefectura de Guaninao, con la condición administrativa de residenciado. El prefecto José Lacret Morlot, encargado de alojarlo, organizó guardias nocturnas sobre su huésped. Lo acompañaban su hijo Carlos Manuel y su cuñado José Ignacio Quesada. Allí visitaba a los campesinos, enseñaba a leer a los niños, jugaba ajedrez y escribía en su cuaderno.
El 27 de febrero de 1874 una fuerza del Batallón de Cazadores de San Quintín lo sorprendió en aquel paraje. Los soldados le dieron el alto, Céspedes respondió con su revólver y, según la reconstrucción de los historiadores Hortensia Pichardo y Fernando Portuondo, un sargento llamado Felipe González Ferrer le disparó a corta distancia. Cayó herido por un barranco. Los españoles recuperaron el cuerpo, lo trasladaron a Santiago de Cuba y lo expusieron en el Hospital Civil, y se llevaron de la casa los cuadernillos de su diario y sus papeles. No hubo honras fúnebres ni cortejo, ni discurso. El 25 de marzo de 1879, cinco años después, unas manos que las crónicas no identifican exhumaron sus restos en el cementerio de Santa Ifigenia.
De modo que nadie lo enterró como Padre de la Patria. Lo enterraron como a un hombre sin cargo al que su propio gobierno había dejado sin escolta y sin salvoconducto. El título llegó después, y llegó sin acta de nacimiento. Durante la guerra, en los montes de Oriente, la gente que lo vio pasar lo llamaba de otra manera: el Presidente Viejo. Ningún documento localizado hasta hoy registra quién lo llamó por primera vez Padre de la Patria, ni en qué año, ni en qué discurso. El epíteto se fue formando en los años que siguieron, por acumulación, en manos de los mismos que habían votado contra él y de los que vinieron después.
Lo cual deja una pregunta que este artículo no se propuso resolver y que vale más que todas las anteriores: cuando una república decide elevar a los altares al hombre que destituyó, ¿qué está haciendo con su memoria, y quién salió ganando con que la sesión de Bijagual se disimulara un poco en el relato oficial?