El 14 de octubre de 2026, la Oficina del Censo de Estados Unidos metió en su base de comercio exterior una corrección que no anunció en ninguna conferencia de prensa. Los envíos de combustible a Cuba durante julio no habían sido de casi 3,2 millones de barriles, como figuró en los registros oficiales durante meses, sino de 182 932. Un 94,3 % menos. La rectificación la publicó al día siguiente el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, una entidad privada de Washington, y la nota del Censo solo habla de correcciones hechas «en respuesta a investigaciones iniciadas por la comunidad de usuarios de datos». Dicho de otro modo: el error lo encontró gente de fuera del Gobierno.
Hay quien atribuye el desastre a que alguien anotó litros o galones en la casilla de los barriles. Puede ser. Lo que a mí me deja frío es otra cosa: el valor declarado de julio no se movió, sigue en 61,1 millones de dólares. Con el volumen antiguo, el barril salía a unos 19 dólares; con el corregido, a más de 330. Ninguna de las dos cuentas tiene sentido, y la contradicción pasó meses dentro de una serie oficial sin que nadie cruzara dos columnas. Esto da vergüenza ajena, y sobre esa cifra falsa se escribieron titulares y se montaron discursos. Mientras todos mirábamos el número equivocado, lo que de verdad se mueve entre Washington y La Habana ocurría en otra ventanilla.
El combustible que no es para los cubanos
El 20 de octubre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) emitió una licencia específica para que Sherritt International, la empresa canadiense que explota níquel y cobalto en Moa, Holguín, pueda comprar y entregar combustible a esas operaciones. Es la primera de una serie, porque para reiniciar la planta falta una segunda licencia de emergencia que todavía no existe. Y conviene decirlo sin rodeos, porque alguno recibirá la noticia con alivio: ese combustible no va a aliviar la crisis energética de la isla, porque es para una mina.
Los tiros van por otro lado. El propio comunicado de Sherritt reconoce que preparó las solicitudes «en estrecha coordinación con Gillon Capital», y aclara en qué marco: la posible adquisición, por parte de Gillon, de una participación de control en la compañía. Gillon Capital es una oficina de inversión familiar con sede en Dallas, vinculada a Ray Washburne, exfuncionario de Trump, y el acuerdo preliminar del 19 de mayo de 2026 contempla que llegue a tener el 55 % de las acciones comunes de Sherritt International. No se trata de comprar la empresa mixta cubana, y eso lo explicó mejor que nadie el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, a Reuters el 12 de octubre: «lo que compraría la empresa americana son acciones de Sherritt, no de la empresa mixta». La mina sigue siendo mitad y mitad con la General Nickel Company. El socio canadiense, simplemente, cambia de dueño.
Y hay una pieza más. El 23 de septiembre, Sherritt firmó un acuerdo provisional con Moa Bay Mining Company, titular de la reclamación certificada por la confiscación de aquellos activos en 1959: Moa Bay cobra unos honorarios de consentimiento, cuyo monto no se ha publicado, y a cambio no presenta reclamaciones bajo el título III de la Ley Helms-Burton por esos embarques. Puesta en orden, la cadena no deja mucho a la imaginación. Primero llegó la asfixia, con la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo, que impuso sanciones secundarias y señaló expresamente los sectores de energía y minería; seis días después Sherritt suspendió su participación directa en Cuba, en junio cerró su refinería canadiense, y entremedio apareció el comprador estadounidense. La propia empresa admite ahora una «incertidumbre material» sobre su capacidad de seguir operando. Está al borde del colapso, y un ahogado firma cualquier cosa.
Lo que yo veo aquí es la entrada de capital estadounidense en Cuba por la puerta de servicio, con el visto bueno del Departamento del Tesoro y con el Gobierno de la isla bailando la danza de los siete velos y aplaudiendo los nuevos negocios. Falta la firma, porque la exclusividad de 120 días acordada en junio ya venció y un consorcio encabezado por Glencore presentó una propuesta rival por el mismo 55 %. Pero la licencia no se la dieron al consorcio.
La camilla de Raúl
El 16 de octubre, la jueza Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Circuito Judicial 11 de Florida, firmó una orden de arresto sin derecho a fianza contra Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado. La anunció el fiscal general del estado, James Uthmeier, el 19 de octubre, junto al gobernador Ron DeSantis, y es un caso aparte de la acusación federal del 20 de mayo, que le imputa siete cargos junto a cinco militares cubanos.
El hecho de fondo no admite discusión. La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que las dos avionetas de Hermanos al Rescate derribadas el 24 de febrero de 1996 volaban en espacio aéreo internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó esas conclusiones en su Resolución 1067, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio por probado en 1999 que los cuatro pilotos fueron objeto de una «ejecución arbitraria o extrajudicial» por agentes del Estado cubano.
Lo que no me creo es el resto. Una orden estatal faculta a detener a una persona si pone un pie en el estado, y hasta donde sé Raúl Castro no tiene planes de ir a almorzar al Versailles. Uthmeier lo admitió en su propia conferencia: «No ignoro que es un hombre mayor que probablemente no va a marchar a Miami por voluntad propia». Tampoco existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos. Y hay un detalle que nadie subraya: su última aparición pública fue el 5 de septiembre, y desde entonces solo manda cartas que leen generales en su nombre. Con la información disponible hasta el 21 de octubre de 2026, nadie puede asegurar en qué estado se encuentra un anciano de 95 años del que solo conocemos su firma. A Nicolás Maduro lo capturó la Delta Force en Caracas el 3 de enero de 2026 y bajó caminando del avión en una base de Nueva York, rodeado de agentes federales, con 63 años. Para hacer lo mismo con Raúl Castro habría que llevar una camilla y una unidad móvil de terapia intensiva.
Hay una sola cosa seria en esta orden, y no es la que se celebró en las redes. Uthmeier explicó por qué hacía falta una causa estatal existiendo ya una federal: un presidente puede perdonar cargos federales, no estatales. La orden de Florida está diseñada para sobrevivir a un indulto presidencial. Y una orden diseñada para sobrevivir a un perdón es la confesión de que alguien, en alguna oficina, contempla perdonar.
El argumento de que Washington no puede tocarlo tampoco se sostiene. El 8 de abril de 1993, el Miami Herald reveló que la Fiscalía del Distrito Sur de Florida tenía redactada una acusación que señalaba a Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, como cabeza de una conspiración para mover cocaína del cartel de Medellín por territorio cubano. Nunca se presentó, y según la agencia AP pesaron las dudas sobre los testigos y el riesgo para la política exterior. Hoy, el único acusado del caso de las avionetas bajo custodia estadounidense es un teniente coronel detenido por fraude migratorio. La justicia avanza contra quien está al alcance de la mano. A mí me encantaría ver a Raúl Castro juzgado y condenado, y haría una fiesta el día que ocurriera, pero esto es circo del más barato y sirve para tenernos entretenidos mientras lo otro pasa delante de nuestras narices.
¡Palos sí, comida no!
Hay un territorio donde el Gobierno cubano no negocia nada. El 16 de octubre, la Fiscalía pidió penas de dos a cuatro años de limitación de libertad, más multas de hasta 25 000 pesos, para cuatro dirigentes masónicos acusados de tráfico ilegal de divisas por dos operaciones que, sumadas, no llegan a 300 dólares. Entre ellos está Ángel Santiesteban Prats, actual soberano gran comendador. El delito consiste en no haber ido a una casa de cambio a que los estafaran legalmente con la tarifa oficial. Pero la fiscalía no se contuvo: su escrito deja constancia de que Santiesteban Prats «no se dedica a ninguna actividad socialmente útil» y que «se expresa abiertamente en contra del proceso revolucionario que impera en Cuba». Cuando leí esa frase me pareció que estaba en la década del ochenta del siglo pasado.
Más increíble todavía es lo de Morón. La noche del 13 de marzo de 2026, más de 800 vecinos salieron a la calle por los apagones y el hambre, sonaron calderos y terminaron en la sede municipal del Partido, de donde sacaron objetos y les dieron candela. La Fiscalía de Ciego de Ávila pide ahora 13 años de cárcel por sedición para Hosuán Naranjo Chacón, 12 para el resto de los adultos y entre siete y ocho años para los menores, de los diecinueve acusados en total. A Christian de Jesús Crespo Álvarez, que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos, le piden ocho, y su madre sostiene que las pruebas de olor, huellas y calzado dieron todas negativas y que la única prueba contra su hijo es un video donde no se le ve la cara y se lo identifica por la estatura y un tatuaje. No es un adolescente: son varios. La organización Prisoners Defenders contabilizaba 1372 presos políticos en Cuba al 1 de octubre de 2026, entre ellos 40 menores por su edad al momento del arresto, cuando en octubre de 2025 eran 1179. La represión no disminuye: escala.
Vale la pena detenerse en la palabra sedición, porque ahí se juega todo. Lo legal y lo ilegal es lo que las leyes de un Estado permiten o prohíben. Lo legítimo es otra cosa: aquello que tiene justificación ética, social y moral, exista o no una ley que lo ampare. Confundir los dos planos es el truco más viejo de cualquier dictadura, porque le permite presentar su propio código penal como si fuera la conciencia del país. Una ley puede ser impecable en su redacción y no obligar a nadie en el fuero interno, porque el deber moral de obedecer no nace del sello que la firma, sino del consentimiento de quienes tienen que vivir bajo ella, y ese consentimiento en Cuba no se ha medido nunca en una urna limpia.
Quemar la sede del Partido en Morón fue ilegal. No tengo la menor duda de que fue legítimo. Un Estado que no alimenta a su población, que le corta la electricidad durante días, que criminaliza la queja y que lleva a juicio a cuatro hombres por cambiar unos dólares, ha perdido la autoridad moral para llamar delito a la reacción de esa gente. Quien provoca el hambre no puede además escribir las reglas sobre cómo está permitido protestar por ella.
Y ahora subamos la parada. El 26 de julio de 1953, un grupo armado asaltó el cuartel Moncada y murieron 19 militares del ejército constitucional; veintidós de los asaltantes capturados fueron torturados y ejecutados sin juicio, y eso también hay que decirlo, porque ningún crimen justifica el otro. El jefe de aquel asalto fue condenado a 15 años, los cumplió en el pabellón hospital del Presidio Modelo de Isla de Pinos, donde dirigía una escuela de presos y leía a discreción, y por sus propias cartas aquello parecía más un campamento de verano que un penal. Salió el 15 de mayo de 1955, diecinueve meses después, por una ley de amnistía que aprobó el Congreso y sancionó Batista, y su defensa en el juicio fue José Martí. Durante 1957 y 1958, la isla se llenó de grupos que ponían bombas en lugares públicos, secuestraban personas y volaban las torres del sistema eléctrico, y esos actos les ganaron el título de revolucionarios y un lugar en los libros de texto. En Morón, un muchacho de 16 años al que no se le ve la cara en un video enfrenta ocho años por sedición. El mismo acto, dos nombres. Ojalá estos infelices tuvieran la opción de cumplir una condena tan benévola, y ojalá recibieran la misma amnistía.
Lo que de verdad se está negociando
De todo lo ocurrido en estos días, lo único irreversible es una licencia de la OFAC. La orden de Florida no va a sacar a nadie de Cuba, la corrección estadística ya cumplió su papel de escándalo de una semana, y los juicios de La Habana y de Morón seguirán su curso sin que nadie en ninguna mesa de negociación los mencione. Mientras tanto, el Tesoro autoriza embarques, un fondo de Dallas se acerca al control de la empresa que extrae el níquel cubano, el reclamante histórico de esos activos cobra y firma la paz, y el Gobierno de la isla explica con paciencia de notario que ahí no se vende nada.
Hay una pregunta que me ronda desde que leí el comunicado de Sherritt, y no tengo respuesta. Si el níquel vuelve a salir de Moa con capital estadounidense dentro, con los apagones intactos y con 1372 personas presas por razones políticas, ¿con qué nombre va a quedarse eso en la historia que contemos después?
Nota: La imagen está generada con Inteligencia Artificial.