Sherritt: la factura que vuelve a perseguir al castrismo

Todo el mundo está mirando quién terminará quedándose con Sherritt. Pero deberíamos estar mirando otra cosa: quién puede impedir que alguien se quede tranquilamente con algunos de los negocios cubanos que están detrás de Sherritt. Porque ahí es donde esta historia deja de ser una pelea corporativa y empieza a mostrar algo mucho más molesto para el régimen cubano.
Durante más de seis décadas, el castrismo ha actuado como si muchas de las confiscaciones ejecutadas en los primeros años de la dictadura fueran un asunto terminado. Tomó propiedades, las puso en manos del Estado, las explotó, las entregó a empresas estatales o las convirtió en negocios con inversionistas extranjeros. Pero una cosa es controlar una propiedad dentro de Cuba y otra muy distinta conseguir que desaparezca la reclamación de quien fue despojado de ella.
Eso es precisamente lo que empieza a verse detrás del caso Sherritt.
A estas alturas, quien sigue el tema ya conoce la parte visible. Las nuevas sanciones de Washington obligaron a Sherritt a suspender en mayo su participación directa en las empresas conjuntas de Moa y Energas. En junio se detuvo también el refinado de níquel y cobalto en Fort Saskatchewan, Canadá. Y la propia compañía reconoce ahora que atraviesa una situación de liquidez tan delicada que existe una incertidumbre material sobre su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento.
Hasta ahí, nada demasiado misterioso: una compañía muy expuesta a Cuba recibe un golpe enorme y necesita dinero. Lo interesante empieza después. Porque cuando parecía que Sherritt podía terminar desprendiéndose de sus intereses cubanos, aparecieron inversionistas dispuestos a recapitalizarla y quedarse con el control. Primero Gillon Capital. Después otro consorcio en el que participan Kyma Capital y Glencore, entre otros inversionistas. Es decir, Sherritt está contra las cuerdas, pero alrededor de ella no hay solamente gente buscando la salida. También hay gente buscando la entrada.
Eso nos dice algo que a veces se pierde entre sanciones, comunicados y abogados: los activos relacionados con Cuba siguen teniendo valor. Moa tiene níquel y cobalto. Energas participa en la generación eléctrica. El problema no es simplemente si esos negocios valen algo. El problema es cómo entrar en ellos sin llevarse también todo lo que viene pegado a su historia.
Y ahí regresamos a las confiscaciones.
La Foreign Claims Settlement Commission de Estados Unidos certificó hace décadas miles de reclamaciones de ciudadanos y empresas estadounidenses por propiedades tomadas por el régimen de Fidel Castro. No estamos hablando de una lista que Washington decidió inventarse esta semana para apretar a La Habana. Son reclamaciones adjudicadas hace décadas y que, según el propio Departamento de Justicia estadounidense, continúan sin un acuerdo de liquidación con Cuba.
Entre ellas hay dos nombres que resultan imposibles de ignorar cuando uno mira Sherritt. La reclamación de Moa Bay Mining Company fue certificada por unos 88,3 millones de dólares. La de Cuban Electric Company, la mayor reclamación corporativa certificada, ronda los 267,6 millones. Son cantidades originales, sin entrar aquí en décadas de intereses ni en los daños adicionales que pueden reclamarse bajo determinadas disposiciones de la ley Helms-Burton.
Y esto ya no está guardado en un archivo esperando una futura negociación entre Washington y La Habana. El 29 de julio, Cuban Electric Company demandó en un tribunal federal de Washington a Unión Eléctrica y a Energas. Sherritt no es la demandada, y esto es importante decirlo con precisión. Pero Energas sí es uno de los negocios cubanos en los que Sherritt ha tenido participación. De repente, una reclamación nacida de las confiscaciones de 1960 aparece directamente delante de un activo que forma parte del rompecabezas actual.
Además, el terreno jurídico acaba de moverse. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió en el caso Exxon Mobil contra Corporación CIMEX que las agencias e instrumentalidades cubanas demandadas bajo la Helms-Burton no pueden escudarse automáticamente en la inmunidad soberana y obligar al reclamante a superar además una excepción de la ley general de inmunidades extranjeras. Dicho sin convertir esto en una clase de derecho: para determinadas demandas relacionadas con propiedades confiscadas, una defensa importante del aparato estatal cubano acaba de debilitarse.
Ahora juntemos las piezas.
Sherritt necesita capital. Hay grupos interesados en controlar la compañía. Washington tiene que intervenir en la parte regulatoria porque las sanciones importan. Pero conseguir una estructura aceptable frente a las sanciones no borra por arte de magia las reclamaciones sobre propiedades confiscadas. Son problemas distintos. Y ahí es donde el asunto se vuelve mucho más interesante que la pregunta de quién terminará ganando la pelea por Sherritt.
Porque el régimen castrista lleva décadas haciendo negocios sobre una realidad que él mismo decidió unilateralmente que estaba resuelta. Confiscó, nacionalizó y siguió adelante. Los reclamantes podían existir en los expedientes estadounidenses, pero dentro de Cuba eso no impedía que el Estado utilizara esos bienes o que incorporara capital extranjero a determinadas operaciones.
El problema aparece cuando el negocio necesita entrar de lleno en una jurisdicción donde aquellas reclamaciones siguen vivas.
Y eso puede explicar por qué el futuro de Sherritt es bastante más complicado que encontrar un comprador con dinero. Quien pretenda reorganizar determinados activos cubanos puede necesitar navegar sanciones, conseguir autorizaciones, negociar con acreedores y, dependiendo de la estructura concreta, enfrentarse también al problema de las propiedades confiscadas. No significa que un antiguo reclamante pueda simplemente presentarse mañana en Moa y recuperar una mina. Tampoco significa que todas las reclamaciones tengan el mismo alcance jurídico. Significa algo más sencillo: la dictadura pudo quedarse con los bienes, pero no consiguió necesariamente borrar las consecuencias jurídicas de haberlo hecho.
Por eso tampoco deberíamos obsesionarnos todavía con cuál de los grupos interesados terminará controlando Sherritt. Gillon puede avanzar. El consorcio rival puede ganar terreno. Los activos pueden separarse. Puede aparecer un acuerdo con algún reclamante. Incluso puede fracasar la recapitalización si la situación financiera se deteriora antes de que las partes encuentren una salida. Hoy no existe base suficiente para presentar ninguno de esos escenarios como el desenlace seguro.
Lo que sí existe ya es algo que merece mucha más atención.
Si alrededor de Sherritt termina apareciendo una fórmula que combine capital estadounidense, autorizaciones de Washington y algún tipo de solución para reclamaciones históricas, la pregunta dejará de ser qué ocurrió con una minera canadiense. La pregunta será qué otros activos cubanos podrían enfrentarse mañana al mismo problema.
Y entonces la película cambia por completo.
Porque Cuba no tiene una sola propiedad confiscada detrás de su economía. Tiene miles de reclamaciones certificadas en Estados Unidos y una historia de nacionalizaciones que alcanzó empresas eléctricas, minas, refinerías, tierras, centrales azucareros, hoteles y otras propiedades. Cada caso es diferente y sería irresponsable afirmar que Sherritt crea automáticamente un modelo aplicable a todos. Pero si este conflicto demuestra que algunas de aquellas reclamaciones pueden volver a tener peso cuando nuevos inversionistas intentan entrar en determinados activos, el precedente político y económico sería enorme.
Durante décadas el régimen pudo comportarse como si el tiempo hubiera resuelto el problema. No lo resolvió. El tiempo simplemente lo dejó pendiente.
Por eso no hay que mirar a Sherritt para saber únicamente quién compra, quién vende o quién gana una batalla entre accionistas. Hay que mirar a Sherritt porque puede estar enseñándonos qué ocurre cuando una economía construida también sobre confiscaciones necesita encontrarse otra vez con capital, tribunales y reclamantes del país cuyos bienes fueron tomados.
Y quizás esa sea la parte más importante de toda esta historia: el castrismo convirtió muchas confiscaciones en hechos consumados dentro de Cuba. Lo que estamos empezando a comprobar es si, sesenta y seis años después, puede convertirlas también en hechos olvidados fuera de ella.