El 25 de abril de 1901, en el despacho del secretario de la Guerra de los Estados Unidos, Elihu Root, cinco delegados de la Asamblea Constituyente cubana escucharon una respuesta que explicaba más de lo que su autor probablemente quiso explicar. Domingo Méndez Capote, presidente de la Asamblea y jefe de la comisión, acababa de preguntar por qué Washington pedía el consentimiento de Cuba si ya se consideraba con el derecho de intervenir en la Isla y tenía la fuerza para hacerlo. Root contestó que ese consentimiento serviría «para facilitar la realización de sus anunciados propósitos con respecto a las demás naciones». La escena la recogió Manuel Márquez Sterling, periodista de El Mundo que viajó con la comisión y años después la reconstruyó en su Proceso histórico de la Enmienda Platt.
Lo que Root admitía era que la firma cubana tenía un valor que la fuerza no podía suplir. Un protectorado aceptado por la parte protegida resultaba presentable ante Europa; un protectorado impuesto sin más era una anexión con otro nombre, y eso era justamente lo que el gobierno de William McKinley no podía permitirse. De esa necesidad nació la condición, y de la condición nació la república.
La Enmienda Platt no fue un tratado ni una nota diplomática, sino una cláusula adherida a la ley de presupuesto del Ejército norteamericano que el presidente McKinley firmó el 2 de marzo de 1901. La redactó sustancialmente Root y la presentó en el Senado Orville H. Platt, senador por Connecticut y presidente de la comisión encargada de las relaciones con Cuba, de quien tomó el nombre. Sus ocho artículos limitaban la facultad cubana de firmar tratados y de contraer deudas, reconocían a los Estados Unidos un derecho de intervención, excluían la Isla de Pinos de los límites del territorio, obligaban a vender o arrendar tierras para estaciones navales o carboneras y exigían que todo ello se recogiera después en un tratado permanente. Pero la pieza decisiva no era ninguno de los ocho artículos, sino el párrafo que los precedía: la ley autorizaba al presidente a «dejar el gobierno y control de la isla de Cuba a su pueblo» tan pronto como se hubiera establecido allí un gobierno bajo una constitución que definiera esas relaciones. La retirada quedaba amarrada por escrito a la aceptación cubana, y así lo entendió el senador Hernando Money cuando describió en el debate las dos salidas que quedaban: incorporar las cláusulas o ver a los Estados Unidos seguir en posesión de Cuba.
La pregunta que importa, entonces, no es si aquello fue una imposición, porque lo fue y sus propios autores lo decían sin rodeos, sino qué había realmente del otro lado de la balanza el 12 de junio de 1901, cuando la Asamblea votó en sesión secreta. Durante décadas se ha respondido que del otro lado estaba la anexión, y esa respuesta no resiste la evidencia.
La anexión tenía enemigos formidables dentro de los propios Estados Unidos. La coalición que en abril de 1898 había impuesto la Enmienda Teller, aquella declaración por la cual el Congreso renunciaba de antemano a ejercer soberanía sobre Cuba, reunía a los antiimperialistas convencidos, a quienes se negaban a incorporar a la Unión una población mayoritariamente negra y católica, y a los productores de azúcar de remolacha del Oeste, entre ellos el propio senador Henry Teller, que no querían competencia cubana dentro de la muralla arancelaria. Esa coalición seguía en pie tres años después, y su fuerza puede medirse con un dato concreto. Root había prometido a los comisionados cubanos un tratado de reciprocidad comercial como contrapartida de la aceptación; el tratado se firmó en diciembre de 1902 y concedía apenas una rebaja del veinte por ciento en los derechos de entrada, y aun así los remolacheros del Oeste y los cañeros de Luisiana lo mantuvieron trabado hasta diciembre de 1903. Un Congreso que tardó casi dos años en conceder un veinte por ciento no iba a votar la incorporación de una isla cuyo azúcar habría entrado libre de todo derecho.
Lo que había del otro lado era algo menos espectacular y más peligroso: la ocupación sin fecha de término. El gobierno militar establecido el primero de enero de 1899 no tenía plazo, y la condición para terminarlo —la pacificación de la Isla— la definía Washington y nadie más. Ahí está el verdadero riesgo que corrió Cuba aquel año, porque una ocupación prolongada no era lo contrario de la anexión sino su vivero. El propio gobernador militar lo escribió. El 28 de octubre de 1901, cuando la Enmienda ya estaba incorporada, Leonard Wood confesó en carta privada a Theodore Roosevelt que a Cuba le quedaba poca o ninguna independencia bajo aquel apéndice y que lo consecuente era buscar la anexión. El hombre que administraba la Isla desde el antiguo Palacio de los Capitanes Generales pensaba así con la retirada ya decidida; conviene imaginar qué habría pensado con cinco años más de mando por delante.
Dentro de Cuba, además, el anexionismo no era una abstracción sino una clientela con dirección postal. El bando que empujaba a aceptar el protectorado se apoyaba en los hacendados más ricos, en los comerciantes españoles que habían permanecido en la Isla, en los inversionistas norteamericanos y en los antiguos autonomistas, y contaba con la posición oficial del Círculo de Hacendados y Agricultores y de la Sociedad Económica Amigos del País. El 21 de marzo de 1901, Luis V. de Abad, secretario de la Comisión de Corporaciones Económicas, declaró a La Discusión que desde la aprobación de la Enmienda en Washington el valor de la propiedad en Cuba había subido a la mitad más de lo que valía, y advirtió que si la Convención no cedía, el Congreso norteamericano cerraría la puerta a las franquicias para los productos cubanos. Cada año adicional de ocupación en una economía arruinada por la guerra habría engordado ese razonamiento.
Hay un argumento comparativo que suele pasarse por alto y que zanja bastante. La misma ley del 2 de marzo de 1901 que llevaba la Enmienda Platt para Cuba llevaba también la Enmienda Spooner, que organizaba el gobierno colonial de Filipinas. Puerto Rico había quedado un año antes bajo la Ley Foraker. Es decir: en el mismo documento, el mismo Congreso, la misma semana, Washington resolvió tres casos de manera distinta, y solo se retiró de aquel donde se había atado las manos por anticipado. Donde no existía una promesa como la Teller, no hubo retirada.
La mejor objeción a todo esto la formuló en su momento un cubano, y sigue siendo la más sólida. Juan Gualberto Gómez, delegado por La Habana y uno de los pocos que nunca se movió de su posición, presentó el primero de abril de 1901 una memoria demoledora en la que sostenía que la Enmienda contradecía la Resolución Conjunta de 1898 y el Tratado de París, y que aceptar el artículo tercero equivalía a entregar a los Estados Unidos «la llave de nuestra casa». Su razonamiento político tenía un filo que la respuesta de Root al propio Méndez Capote afila todavía más: si Washington necesitaba el consentimiento cubano, entonces la Convención tenía una palanca en la mano y no la usó. Negarse habría obligado a los Estados Unidos a permanecer en Cuba en abierta contradicción con su promesa de 1898, ante una opinión pública dividida, con la Liga Antimperialista Americana denunciando la maniobra desde Boston y con un debate parlamentario que se había ganado por márgenes estrechos. La república, en esa lectura, habría llegado igual, quizá tres o cinco años más tarde, y acaso sin apéndice.
La objeción no puede refutarse del todo, porque nadie demuestra lo que no ocurrió. Sí puede pesarse contra dos cosas. La primera es que la promesa de 1898 ya estaba siendo reinterpretada en voz alta: el senador Albert Beveridge sostenía que la Teller no obligaba porque el Congreso la había votado en «un momento de generosidad equivocada», y Whitelaw Reid, el periodista más cercano a McKinley, la despachaba como una renuncia hija de la histeria. La segunda es que «más tarde» no era un costo neutro, sino el plazo durante el cual la clientela anexionista dentro de Cuba iba a seguir creciendo. Los delegados no votaban entre el apéndice y la independencia plena; votaban entre el apéndice y un tiempo indefinido cuya dirección conocían.
Así lo dijeron ellos, además, sin adornarlo. Tomás Estrada Palma recibió a la comisión en Nueva York al regreso de Washington y la conminó a transigir, porque con la Enmienda no se realizaba el ideal revolucionario pero sin ella peligraba la República. Manuel Sanguily, que había propuesto disolver la Asamblea y cuya moción se rechazó con un solo voto a favor, el suyo, terminó votando que sí. Gonzalo de Quesada, albacea literario de José Martí, votó que sí. El 28 de mayo la Asamblea intentó aceptarla con interpretaciones y lo logró por quince votos contra catorce; el 8 de junio Root respondió que se trataba de una ley del Congreso y que el Ejecutivo no podía modificarla; el 12 de junio, sin debate y a puerta cerrada, la Enmienda quedó incorporada por dieciséis votos contra once, con cuatro delegados ausentes: Antonio Bravo Correoso, José Luis Robau, Miguel Gener y Juan Rius Rivera. Máximo Gómez, que no era delegado y que había llamado esposas a la exigencia desde el primer día, lo resumió después en una carta privada: Cuba sería constituida en República, escribió, «con la libertad e independencia que le permita la Ley Platt».
La respuesta, entonces, es que sin la Enmienda Platt no habría habido república el 20 de mayo de 1902. No porque el apéndice fuera bueno, que no lo era, ni porque los Estados Unidos actuaran de buena fe, que no lo hicieron, sino porque aquel texto era la única fórmula que permitía a Washington marcharse conservando lo que quería conservar, y porque marcharse era lo que ningún otro arreglo disponible garantizaba. La bandera que subió al mástil del Palacio de los Capitanes Generales aquel mediodía de mayo subió con una hipoteca escrita, y los hombres que firmaron la hipoteca sabían exactamente lo que estaban firmando.
Queda, sin embargo, un detalle que ninguno de ellos previó. El artículo tercero, la llave de la casa, no lo usó Washington por iniciativa propia la primera vez. En septiembre de 1906, cuando el país se incendió tras unas elecciones, quien pidió a los Estados Unidos que entraran fue el presidente de la República de Cuba, Tomás Estrada Palma.
*Nota: Imagen generada con Inteligencia Artificial.